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Los vecinos echaron a los okupas

Una mujer de 94 años recupera su vivienda ocupada en Portugalete gracias a la presión vecinal sobre los okupas, que pidieron protección a la Ertzaintza para abandonar el inmueble; los invasores vendieron pertenencias de la propietaria en un rastrillo

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Los vecinos echaron a los okupas
  • A. García/J. Domínguez
Actualizado el 19/10/2019 a las 10:44
Una ola de indignación protagonizada por cientos de vecinos, que llegaron a cortar una carretera y protestaron durante más de tres horas, forzó a los okupas que habían tomado hace casi una semana la casa de Victoria de Castro -Vitori- en la localidad vasca de Portugalete, a dejar el inmueble. Los intrusos, dos mujeres adultas y cuatro menores en ese momento, llegaron a pedir protección policial para salir al verse rodeados por la muchedumbre que incluso intentó entrar por la fuerza en la casa.
Concentrados desde el jueves, exigían que la vivienda fuese devuelta a su legítima propietaria, una mujer de 94 años que el pasado sábado, tras pasar varios días junto a unos familiares en Barakaldo, descubrió que no podía entrar en su hogar porque alguien había cambiado la cerradura y se negaba a marchar. Además, la mujer tuvo que sufrir el desvalijamiento de algunas pertenencias que llegaron a ser vendidas en un rastrillo.
Antidisturbios
La situación llegó a ser tan crítica que la Ertzaintza tuvo que enviar a la zona a cinco furgones de los antidisturbios y más de una veintena de efectivos tuvieron que montar un cordón policial en torno a la casa hasta que se produjo el desalojo. La tensión desató en la tarde del jueves, cuando comenzó la concentración de apoyo a Vitori. Con gritos de “¡fuera, fuera!” o “¡ladrones!”, los asistentes increpaban a las okupas que se dejaban ver tras las cortinas de la casa. El lugar estaba atestado de gente gritando enfervorecida. Por la megafonía colocada para leer el manifiesto, los organizadores repitieron varias veces que la concentración debía desarrollarse pacíficamente. Para asegurarse de que así fuera, había un importante despliegue policial en la zona: veinte efectivos de la Ertzaintza y cuatro patrullas de la Policía Municipal velaron por la seguridad.
La indignación de los vecinos, sin embargo, era cada vez más patente ante la dramática situación de la propietaria, obligada a esperar hasta el próximo 20 de noviembre para que su caso llegara a los tribunales. Lo cierto es que todos se sentían el jueves “vulnerables” por la ocupación ilegal de la vivienda.
Incluso asistió el alcalde Mikel Torres, que durante el día había solicitado sin éxito una autorización del juzgado de guardia de Barakaldo para proceder al desalojo. “Ha sido Vitori, pero le podía haber tocado a cualquiera”, apuntaba Teresa Cerro, una vecina. Este vecindario ya ha registrado otras dos viviendas violentadas.
Estaba previsto que la concentración durase cinco minutos, pero a su término nadie se movió de allí. Con los ánimos cada vez más caldeados, los manifestantes llegaron a abalanzarse sobre la puerta de la casa para intentar entrar, según aseguró uno de los participantes. Sólo la presencia de los agentes impidió que consiguieran su objetivo.
Sobre las 19:45 horas, varios vecinos optaron por hacer otra intentona desde la parte trasera del inmueble. La situación, lejos de calmarse, empeoraba. Fue entonces cuando otro grupo decidió cortar la carretera y decenas de personas siguieron su ejemplo.
La jefatura de la Policía autonómica optó entonces por reforzar sus efectivos y envió a la calle cinco furgones de antidisturbios. Más de una veintena formaron un cordón policial en torno a la fachada de la vivienda ante el temor de que se produjera un linchamiento.
Otros desalojos
Fue entonces cuando la propia Ertzaintza recibió la llamada de los okupas pidiendo protección para salir. Una de las furgonetas entró entonces hasta la puerta y consiguió sacar a todas las personas que había dentro, dos mujeres adultas y cuatro niños, que fueron a la comisaría de Muskiz, donde les recogió un familiar a la espera de que el 20 de noviembre se celebre el juicio por la ocupación ilegal.
El alcalde Mikel Torres indicó que “ese movimiento ciudadano” se trasladó a otras dos viviendas que estaban ocupadas, donde los ocupantes “abandonaron voluntariamente las casas” y “fueron sacados por la Ertzaintza”.
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