La huelga general de Motor Ibérica cumple medio siglo

La prensa local del jueves 14 de junio de 1973 destacaba la creación del Gobierno Carrero Blanco. Era el primero no presidido directamente por Franco y se trataba de su última gran maniobra para garantizar la continuidad del régimen tras su muerte. El Caudillo tenía ya una salud muy precaria y confiaba plenamente en este almirante. Solo una pequeña nota indicaba que en Pamplona ocurría algo anormal. Los obreros de Motor Ibérica se habían encerrado el día anterior en la iglesia de El Salvador (Rochapea), acto que desencadenaría una huelga general en toda Navarra durante diez días y que, según informó el gobernador civil a sus superiores, había sido “uno de los acontecimientos más graves padecidos en España, en el aspecto laboral, desde 1939”, desde el final de la Guerra Civil. La realidad es que con ese encierro estallaba un conflicto sociopolítico que se estaba gestando desde mediados de mayo, cuando la multinacional Motor Ibérica, radicada en Noáin y dedicada a maquinaria agrícola, despidió a toda la plantilla -algo más de 200 trabajadores- por apoyar a sus 17 representantes sindicales. Los trabajadores habían ganado el 5 de abril en Magistratura una paga que se les debía; como, pese a la sentencia, no era abonada, el 9 de mayo hicieron una hora de paro. Finalmente, la dirección anunció que la pagaría y también que sancionaba al Jurado de Empresa por convocar un paro ilegal, algo que los trabajadores consideraron un acto de “venganza”, declarándose en huelga. A partir de ese momento, el conflicto se convirtió en una cuestión de derechos: la empresa quería imponer su autoridad y los trabajadores, defender a sus representantes. Las Comisiones Obreras (CCOO), organización clandestina extendida en las empresas navarras y con claro dominio de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), comenzó una campaña de solidaridad que fue aumentando durante la segunda quincena de mayo. El primer paro de solidaridad lo realizaron en Super Ser, empresa de electrodomésticos ubicada junto al actual edificio de Diario de Navarra. Otras empresas siguieron el ejemplo, empezando por sus vecinos de Mocholí, fábrica de muebles ya desaparecida que hoy da nombre al polígono industrial situado justo en el extremo sur del aeropuerto, donde se encontraba Motor Ibérica. El 23 de mayo, trabajadores de Motor Ibérica recibieron al ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, que también integraría el Gabinete Carrero, formando dos filas ante el aeropuerto, dándole la espalda a medida que el vehículo oficial pasaba entre ellos. El 30 de mayo, se produce la primera manifestación. Los de Super Ser acompañan a los de Motor Ibérica hacia el centro por la avenida Zaragoza, siendo interceptados por la Policía Armada en la plaza Circular. Mientras, los paros parciales de apoyo se extienden a una decena de empresas, algunas de gran importancia: Authi (actual Volkswagen, que impuso por ello 361 sanciones), Imenasa, Potasas, Papelera, Industrias Esteban, Mapsa, Pamplonica… El 5 de junio el Consejo de Trabajadores de Navarra presidido por Tomás Caballero -asesinado por ETA en 1998- advertía en un comunicado de la grave situación que se estaba gestando ya que, según explicaba, surgían actos de solidaridad donde nunca pasaba nada. El día 8 unos 1.500 obreros marchan desde Landaben hacia el centro de Pamplona, produciéndose choques con los “grises” en Cuatro Vientos; usan nuevo material antidisturbios: gas lacrimógeno y pelotas de goma. El 9, CC OO convoca “un salto” a las 8,30 de la tarde en el Casco Viejo. Varios cientos de personas se manifiestan de Navarrería al Ayuntamiento dando gritos a favor de Motor Ibérica y cruzando coches en Estafeta y Chapitela para evitar la llegada de la Policía. Durante todo este tiempo, los trabajadores de Motor Ibérica hacían guardia, día y noche, en la puerta de la fábrica para evitar que la dirección se llevara en camiones repuestos, piezas y maquinaria a otras factorías que tenía en Zaragoza, Barcelona y Madrid. Algunas veces lo consiguieron, pero el día 12, de madrugada, 14 trailers salen a toda velocidad. Aquello significa el desmantelamiento de la factoría. Intentan impedirlo, pero la Guardia Civil interviene con más saña que de costumbre, incluso disolviéndoles a culatazos. Fue ante esta situación de indefensión cuando deciden encerrarse, al día siguiente, 13 de junio, en la iglesia de El Salvador. El párroco de Noáin les llevó 25 mantas. La iglesia fue rodeada por antidisturbios, que impidieron cualquier contacto con el interior, incluso a Cáritas, que quería llevarles comida, conminándoles a abandonar el templo. Desde la torre, los encerrados podían ver a grupos numerosos de personas que se acercaban hasta el perímetro policial para mostrarles su apoyo. El gobernador civil exigió al arzobispo poner fin al encierro, dando como plazo límite las 8 horas del 14, pero solo aceptó hablar con ellos por si se replanteaban su actitud. Lo hicieron a la mañana siguiente a condición de salir acompañados por el arzobispo para no ser detenidos ni apaleados. Pero a El Salvador no habían entrado todos los huelguistas; fuera se había quedado un enlace con CCOO que, durante la noche del 13 al 14 de junio, se encargó de editar a multicopista un llamamiento de los encerrados “a todos los trabajadores que sientan, piensen y luchen”, convocándoles a una huelga general indefinida hasta que se anularan todas las sanciones. La noticia del encierro y del desmantelamiento de la factoría corrió como la pólvora, primero por Pamplona y después por toda Navarra, desencadenando una huelga general sin precedentes que cogió al Gobierno y a las fuerzas del orden público desprevenidas. EL CONFLICTO SE EXTIENTE Desde primera hora de la mañana, los de Potasas se unen a los de Super Ser y Papelera, situada justo en frente, para dirigirse a Imenasa y Landaben, donde varias empresas ya se han unido a la huelga. Allí todos entran en Authi y, ante una multitudinaria asamblea dentro de “la Morris”, un miembro de CCOO, subido a un contenedor, lee en alta voz el comunicado llamando a la huelga general indefinida. Desde aquí, una impresionante columna de trabajadores marcha hacia la Rochapea; todo se para a su paso: Bendibérica, Perfil en Frío, Odériz, Frenos Iruña, Hifransa… y gran cantidad de talleres. En la zona de Huarte, Villava y Burlada pasa lo mismo y en el centro son las dependientas de Almacenes Unzu, los más importantes de Pamplona, quienes cierran, como lo hará el resto de los comercios y las oficinas bancarias; también institutos y colegios. El pan y la leche dejan de distribuirse. La ciudad no solo queda paralizada sino que surgen barricadas y cortes de la circulación en muchos lugares. Por momentos la ciudad quedó aislada del exterior debido al corte de las principales carreteras. Los militantes de los emergentes grupos de izquierda -la propia ORT, el Movimiento Comunista (MCE), los troskistas de la LCR, USO, la Federación Obrera Socialista (FOS) e incluso el PC-Internacional contribuyen a la rápida expansión de las movilizaciones. A través de FOS, organización impulsada por carlistas, Mariano Zufía Urrizalqui, uno de los principales dirigentes del carlismo navarro, tuvo la iniciativa de abrir una cuenta bancaria para recoger y distribuir el dinero de la “caja de resistencia”, incluido el entregado por sindicatos franceses y alemanes. El viernes 15 se repite la situación, extendiéndose a otras localidades navarras con industrias importantes: Tudela, Tafalla, Estella, Lumbier, Aoiz, Zubiri, Lesaka, Leitza, Irurzun, Uharte-Arakil, Etxarri-Aranatz, Lakuntza, Alsasua… Las manifestaciones recorrían la ciudad de un lado a otro, dando palmadas y lanzando la misma consigna: ¡¡Motor Ibérica!! ¡¡Motor Ibérica!! Cuando los “grises” llegaban, se disolvían para reagruparse y comenzar de nuevo. La imagen de varias dotaciones policiales parando precipitadamente ante el abrevadero del Labrit para refrescarse bajo un sol de justicia, echándose a manadas agua a la cara, indica el grado de agotamiento al que llegaron. Incapaz de controlar la situación, el Gobierno envió refuerzos de las provincias limítrofes; también de Madrid, Burgos y Valladolid. Se llegó a tal situación que los empresarios de Navarra se reunieron para presionar a Motor Ibérica y los trabajadores crearon una especie de “comité de huelga” integrado por 160 representantes, dos por empresa. Ambos comités comenzaron a negociar una solución al margen del Sindicato Vertical del régimen. Nadie pedía una sola peseta; solo que no hubiera despidos ni sanciones y trabajo para los “despedidos procedentes” de Magistratura. Finalmente, Motor Ibérica tuvo que ceder. El día 22, trabajadores y empresarios llegaron a un acuerdo en estos términos y la situación volvió a la normalidad. El lunes, 25 de junio, entraron a trabajar las últimas empresas en paro: Super Ser, Imanasa y Authi. Según algunos cálculos se habían perdido un millón y medio de horas de trabajo. Hubo cientos de detenidos. La mayor parte quedaron libres, decenas fueron multados; otros pasaron al TOP (Tribunal de Orden Público) y un grupo fue acusado de terrorismo, permaneciendo en prisión. El día 26 Magistratura dictó sentencia sobre el expediente a los 17 miembros del Jurado que había provocado la huelga general. Dos fueron considerados “improcedentes”, que la empresa tuvo que readmitir e indemnizar. De los 15 “procedentes”, aceptó a otros siete y a los ocho restantes se les ofreció empleo en otras fábricas. Durante la dictadura, había habido huelgas generales más numerosas que afectaron a sectores, ciudades o comarcas enteras, como la minería asturiana, la construcción en Granada, Vigo, Bajo Llobregat… pero nunca, y menos únicamente por solidaridad, a toda una región. Fue el primer gran desafió al que se enfrentó el nuevo Gobierno, el recambio de Franco a su régimen, que manifestó mantendría el orden público en Navarra “a toda costa” aunque reconocía que se había llegado a “un grado de politización extraordinario”. No solo se había vivido una de las situaciones “más graves en el aspecto laboral” desde el final de la Guerra Civil sino que, para muchos grupos de la oposición antifranquista, había sido la “huelga general política perfecta”, el ejemplo para acabar con una dictadura que duraba ya 34 años. Lo ocurrido en junio tuvo su repercusión en los Sanfermines de 1973. El día 9, una comisión de las peñas se reunió con el gobernador civil para pedirle la libertad de los encarcelados, pero Ruiz de Gordoa rechazó el diálogo porque el asunto estaba en manos del TOP. Ese mismo día, las peñas se negaron, en protesta, a salir de la plaza de Toros, que fue rodeada por unidades antidisturbios dispuestas a intervenir. Finalmente, tras advertencias por megafonía, las peñas salieron sin charangas y sin desfile por las calles. También el concejal carlista Auxilio Goñi envió un telegrama al presidente del Gobierno reclamando su liberación. Aún el día 13, en los tendidos se mostró una paloma enjaulada simbolizando a los presos; fue recibida a gritos: ¡¡Libertad, libertad, libertad!!

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