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Imputado el exconsejero de Empleo andaluz en el caso de los ERE falsos

A Antonio Fernández se le imputa el libramiento de los 647 millones del "fondo de reptiles"

  • CECILIA CUERDO . COLPISA. SEVILLA
Publicado el 15/03/2011 a las 12:00
La investigación judicial por las falsas prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía llegó hasta al Gobierno autonómico. La jueza que investiga el caso notificó al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández que será llamado a declarar como imputado en próximos días. Fernández está también prejubilado en un ERE autorizado por un subordinado suyo y su expediente incurre en varios errores, como atribuirle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento.
Los hechos que se le imputan son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis -la misma partida económica que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, denominó fondo de reptiles-, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
Fuentes del caso explicaron que el que fuera consejero andaluz de Empleo entre 2004 y 2010, recibió un burofax en el que se le invita a personarse en la causa con su abogado porque de la investigación se deducen responsabilidades penales contra él y por tanto será citado a declarar. La imputación será confirmada el día que acuda al juzgado aunque ya ha trascendido que los cargos serán por los supuestos delitos de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.
La imputación de Fernández se produce porque en 2001 era gerente del IFA, el ente público que asumió el pago de las ayudas a empresas en crisis y los expedientes de regulación. El IFA ejercía esas funciones en virtud de un acuerdo con la Consejería de Empleo firmado ese mismo año. Dicho acuerdo, según denuncia la oposición y consta en el informe de la Policía Judicial, se hizo para eludir así cualquier control o fiscalización a la hora de otorgar las ayudas, y provocó el descontrol administrativo que cuestionó la Intervención General de Hacienda.
Tres años después, Fernández asumió el cargo de consejero andaluz de Empleo hasta 2010, un periodo en los que mantuvo en su cargo al director general de Trabajo y considerado principal urdidor de la trama de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero.
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