días de libre disposición
Un día libre para los funcionarios por "buenas perspectivas económicas"
El Gobierno hace efectiva la devolución a los empleados públicos de un 'moscoso' que les arrebató la crisis
- colpisa. madrid
El Gobierno ha hecho este viernes efectiva la devolución a los empleados públicos de uno de los tres días de libre disposición -comúnmente denominados 'moscosos'- que les fueron arrebatados en 2012 en aras de mejorar la productividad en tiempos de crisis. Esa jornada de asueto se añadirá -según explica el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado- "a los tres que establece el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".
La recuperación de este 'moscoso -avanzada el pasado lunes por el ministro Cristóbal Montoro- se articula a través de una enmienda de adición al Proyecto de Ley de Control de la deuda comercial en el sector público -la Ley de Morosidad- que actualmente se tramita en el Senado. Dicha enmienda introduce una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público por la que se establecen cuatro días para asuntos particulares al año, en lugar de los tres actuales.
Según Hacienda, "las perspectivas de la economía española permiten hoy que se plantee la ampliación de este permiso en un día más". Sobre todo, considera el ministerio, si se tiene en cuenta que "los empleados públicos han contribuido decisivamente al esfuerzo de consolidación de las administraciones públicas, lo que además ha venido acompañado de un incremento de su eficiencia al continuar prestando los servicios públicos con un alto nivel de calidad".
Hace un par de semanas, la recuperación de los 'moscosos' fue objeto de polémica entre los ministerios de Hacienda y de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón emitió una instrucción que devolvía tres 'moscosos' a los funcionarios de la Administración de Justicia en las comunidades que no tienen la competencia transferida. Apenas unas horas más tarde, Hacienda obligó a Gallardón a dar marcha atrás para esperar a que se dictara una orden de carácter general.
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