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España vive su mayor operación contra la corrupción política

El ex número dos de Esperanza Aguirre y el sustituto de la asesinada Isabel Carrasco figuran entre los 51 detenidos La trama adjudicó de manera irregular más de 250 millones en concursos en tan solo dos años  Más de un millar de agentes practicaron de manera simultánea decenas de registros en Madrid, Valencia, Murcia y León

Ampliar España vive su mayor operación contra la corrupción política
España vive su mayor operación contra la corrupción política
  • Colpisa. Madrid
Actualizado el 28/10/2014 a las 06:00
El mayor golpe policial contra corrupción política de la historia de España lleva nombre de guerra mítica. La 'operación Púnica' desatada este lunes por la Guardia Civil provocó una movilización sin precedentes. Varios centenares de agentes fueron desplegados en cuatro comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León) para detener de forma simultánea a 51 alcaldes, políticos, empresarios y constructores, acusados todos ellos de haber tejido una trama de comisiones que amañó concursos públicos por valor de más de 250 millones de euros en apenas dos años.

Entre los arrestados figuran el ex número dos de Esperanza Aguirre, el sustituto de la asesinada Isabel Carrasco, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid, el ex primer edil de Cartagena o varios altos cargos del Gobierno murciano.

De la envergadura del operativo dan cuentan las cifras: decenas de órdenes de registros de domicilios, alcaldías y empresas; 400 mandamientos para el bloqueo de cuentas de los detenidos; 259 órdenes a los registros de la propiedad para bloquear la compra y venta de inmuebles o bienes; o el embargo de 30 vehículos de alta gama de los principales implicados.

La investigación sobre esta inmensa trama comenzó en diciembre del pasado año cuando el fiscal de Laussane (Suiza) envió una comisión rogatoria a la Fiscalía Anticorrupción anunciado que pretendía interrogar por un delito de blanqueo grave a dos ciudadanos españoles que habían procedido a cancelar precipitadamente sendas cuentas. La primera estaba a nombre de Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre durante años. La segunda era del empresario de la localidad madrileña de Valdemoro David Marjaliza, amigo de Granados y supuesto conseguidor de la red.

La cuenta del también exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de Aguirre en la sucursal helvética del BNP Paribas fue localizada durante los rastreos rutinarios del Ministerio de Justicia de Suiza cuando canceló de golpe todo el depósito (de 1,5 millones de euros) y se llevó el dinero en metálico. La cuenta estaba a su nombre. Nunca utilizó testaferros o sociedades pantalla como se suele hacer en estos casos.

La Guardia Civil se hizo cargo del caso en febrero y comenzó a tirar del hilo. Descubrió que el dinero 'opaco' de Granados y Marjaliza provenía de comisiones multimillonarias de decenas de concursos públicos en las cuatro comunidades afectadas, empezando por el ayuntamiento de Valdemoro, del que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003. 

DOS NOMBRES 

Las investigaciones llevaron a dos nombres clave: el de la la división española de la multinacional francesa Cofely GDF Suez, que ofreció comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en Madrid, Valencia y Murcia, y el del auditor y gestor Alejandro de Pedro Llorca, también detenido, que supuestamente utilizaba también sus contactos políticos en la Comunidad Valenciana y Murcia para mediar en el amaño de concursos públicos.

Los funcionarios del grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa pronto se dieron cuenta de que la inmensa trama de mordidas, aunque no afectaba a la financiación de partidos, sí que superaba con mucho a Granados y Marjaliza, que no eran más que la punta del iceberg, por lo que pidieron ayuda a los técnicos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.

Los pinchazos telefónicos hicieron el resto. El nombre de Martín Marcos Martínez Barazón, el presidente de la diputación de León desde que en mayo sustituyera a la asesinada Isabel Carrasco, fue uno de los primeros en salir por sus actividades presuntamente delictivas en su época como senador y alcalde la localidad leonesa de Cuadros, cargo que todavía ocupa.

Para cuando, en junio, la Guardia Civil judicializó la investigación en manos del titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción tenía muy claras sus acusaciones contra los 51 detenidos este lunes: pertenencia a una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías". Una red basada en la "connivencia de los ediles municipales y funcionarios con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos" a los que, con participación de intermediarios y "sociedades instrumentales", se le adjudicaban concursos amañados. 250 millones de contratos irregulares en dos años a cambio de comisión "a costa de las haciendas municipales y autonómicas", en palabras del Ministerio Público. 

Según mandos de la investigación, la red desmantelada luego "blanqueaba los beneficios a través de un complejo entramado societario", con ayuda de empresas "que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos "contraviniendo la libre concurrencia".
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