Delegación del Gobierno en Navarra
Laura Pérez pide a Arasti que comparezca por las pancartas de 'Sanfermines 78 Gogoan'
Demanda que el delegado del Gobierno explique las citaciones recibidas por los propietarios de las viviendas que exhibían en los balcones pancartas
- Europa Press. Pamplona
La parlamentaria Laura Pérez, una de las críticas del grupo de Podemos, ha solicitado la comparecencia en la Cámara del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, para que explique "las actuaciones llevadas a cabo en relación a las citaciones recibidas por las personas propietarias de las viviendas que exhibían en los balcones de sus domicilios pancartas de 'Sanfermines 78 Gogoan' por su supuesto contenido calumnioso a las instituciones del Estado".
En un comunicado, Pérez ha considerado que "la gravedad de tales actuaciones, en el contexto del 40º aniversario del asesinato de Germán Rodríguez, constituyen un ataque a la libertad de expresión y a la exigencia democrática de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la transición, especialmente sangrienta en Navarra". Y ha censurado que "sus responsables jamás hayan sido juzgados ni tales hechos esclarecidos, mediante la desclasificación de los documentos, tal y como han instado el Parlamento de Navarra y el Congreso al Gobierno del Estado a través de varias mociones".
En opinión de la exsecretaria general de Podemos Navarra, expulsada del partido, "hacer caso omiso del mandato de las distintas instituciones representativas de la soberanía popular y en su lugar atacar a las asociaciones y particulares que constatan públicamente la absoluta impunidad que ha amparado, 40 años después, a los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es en sí mismo un ataque a las bases de nuestra democracia".
En este sentido, ha considerado que "precisamente deberían ser los cuerpos policiales los mayores interesados en que se persiga y juzgue a las autoridades que dirigieron aquella operación".
Para Laura Pérez, "las recientes actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, al amparo de la Delegación del Gobierno, son un claro retroceso del Estado de Derecho que criminaliza el legítimo derecho de la sociedad a conocer la verdad y a no seguir perpetuando la impunidad de aquellos crímenes perpetrados por funcionarios del Estado".
