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Datos

El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2019 un 8,5% más de actuaciones

Destaca el incremento de la actividad del sistema de protección de menores y sugiere potenciar el acogimiento familiar

Ampliar Javier Enérez, Defensor del Pueblo de Navarra.
Javier Enérez, Defensor del Pueblo de Navarra.
  • Europa Press. Pamplona
Actualizado el 11/06/2020 a las 12:32
El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha presentado este jueves ante el pleno del Parlamento de Navarra el informe anual correspondiente al ejercicio 2019, un dossier que contempla 2.888 actuaciones, 243 más que en 2018, lo que supone un aumento del 8,5%.

La labor de supervisión desplegada en 2019 ha permitido hacer llegar a las Administraciones públicas de Navarra 100 sugerencias (otras 20 de índole normativo), 213 recomendaciones y 71 recordatorios de deberes legales (en total 404 decisiones). Todo ello fruto de los 6.683 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.625 consultas y presentar 1.138 quejas (han gestionado 1.219, incluidas los pendientes de 2018), el 82,4% admitidas a trámite.

Se han practicado 775 investigaciones, 752 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 17 de oficio, 4 a propuestas ciudadanas y 2 con motivo de los informes realizados a solicitud del Parlamento de Navarra.

Las diez materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, función pública (216), educación (157), bienestar social (98), acceso a un empleo público (70), Hacienda (69), tráfico y seguridad vial (61), medio ambiente (59), vivienda (58), sanidad (50) y euskera (29).

En la primera de las materias, función pública, de las 216 quejas presentadas, 119 tienen que ver con las retribuciones de los empleados públicos (complementos retributivos, ayudas familiares, abono de dietas por guardias médicas, etc.), también en relación a la falta de respuesta (25 quejas) y a la demora en la resolución de los recursos de alzada (47) a propósito de las solicitudes de abono de salarios correspondientes al periodo de verano de varios cursos escolares.

En segundo lugar se sitúan las quejas referentes a educación (157), un centenar de las cuales reclaman el cerramiento lateral del colegio público de Orkoien. La admisión a centros de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria acapara 22 quejas, entre ellas las de las 10 familias de Lerín que reclamaban la matriculación y el transporte escolar al IES de San Adrián y las de otras 26 familias que demandaban la implantación de una línea adicional en un colegio concertado de Tudela.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a bienestar social (98), con preeminencia de las vinculadas con la protección de la infancia y la adolescencia (26), seguidas muy de cerca por las relacionadas con la renta garantizada (19) y, en menor medida, con los problemas que padecen las personas con discapacidad (13), sobre todo a nivel de desplazamiento y accesibilidad.

INCREMENTO DE ACTIVIDAD EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Por otra parte, el informe hace una valoración de la situación de la infancia y la adolescencia y señala que los datos recabados ponen de manifiesto -de acuerdo con la tendencia de los últimos años- un incremento de la actividad del sistema de protección de menores. El número de menores atendidos en 2019, significativamente superior al de ejercicios anteriores, asciende a 2.411, 667 más que en 2018 y 706 más que en 2017. En términos globales, se aprecia un alza del 140% respecto a diez años atrás.

Como elemento más destacado se apunta al programa de atención a menores extranjeros no acompañados, fenómeno común a las distintas comunidades autónomas cuya repercusión, al menos en el caso de Navarra, afecta al conjunto del sistema de protección (desamparo y guardia residencial).

En términos generales, se aprecian incrementos notables en las cifras de declaraciones de menores en desamparo (22 frente a los 144 de 2018), tutelados (574/427) y en situación de guarda (1.301/797).

En ese marco, se confirma la dificultad para hacer valer la preferencia legal por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional, variedad ésta en la que el acogimiento supone el 60,8%.

Así las cosas, desde la oficina del Defensor del Pueblo se sugiere "proveer de los recursos adecuados" al sistema de protección de menores, orientando su intervención a la prevención y atención temprana en situaciones de riesgo, procurando mejorar la coordinación, minimizar los casos de institucionalización y potenciar el acogimiento familiar. También se observa oportuno continuar con los programas de atención a menores no acompañados, en colaboración con otras Administraciones públicas competentes.
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