Leyes
Eduardo Santos apuesta por la Ley contra el Racismo para combatir discursos de odio
- EFE
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha mostrado este viernes la apuesta del Gobierno Foral por combinar la futura Ley contra el Racismo y la Ley de Justicia Restaurativa, también en proceso de elaboración, para prevenir y combatir discursos de odio en Navarra.
Así lo ha señalado durante su participación en la Jornada “Delitos de odio: estado actual de la cuestión”, organizada en Bilbao por la Cátedra Unesco de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Univertsitatea (UPV/EHU), según ha informado el Ejecutivo en una nota.
Santos ha participado en la mesa redonda inicial de la jornada, junto a otras autoridades como Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Ignacio José Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y Manuel Lezertua, Ararteko de Euskadi.
Ante ellos, ha señalado que reforzar los derechos sociales es fundamental “para que no exista un caldo de cultivo favorable a la extensión del odio”. “No debemos creer exclusivamente en el Derecho Penal como instrumento mágico que solucione un problema tan ideológico y arraigado en los prejuicios”, ha indicado.
En ese sentido, la futura Ley contra el Racismo posibilitará, a juicio de Santos, “una reflexión social sobre cómo afrontar de una manera integral una situación que evidentemente afecta a personas en función de su origen”.
Por su parte, la Ley Foral de Justicia Restaurativa dotará a Navarra de instrumentos o medios “para hacer lo que realmente nos hace falta, que es poner el acento en las víctimas y en sus necesidades y hacer consciente al agresor del daño que produce no sólo a estas personas sino también a la convivencia social”.
Santos también ha destacado el Plan de Acogida de Personas Migrantes que se presentará próximamente, y cuyo punto más señalado es la creación de una red de técnicos municipales que trabaje con circunstancias concretas que se están dando en algunas localidades de Navarra.
Según ha destacado que, actualmente, “el mayor porcentaje de ataques que pueden ser considerados de odio son todos aquellos con connotaciones racistas o xenófobas” por lo que ha insistido en que el trabajo que desarrolla el Gobierno con las personas migrantes.
Así, ha recordado la “reflexión estratégica y participada” que se viene llevando a cabo para crear una legislación que combata el racismo “desde una perspectiva constructiva y basada en la pedagogía social”.
Más allá de ese trabajo concreto y localizado, ha apostado por “sistematizar y elaborar una metodología sobre la detección y cuantificación de los delitos de odio”. “Necesitamos tener instrumentos científicos sólidos, homologables, sobre la incidencia de este problema y los colectivos a los que afecta a fin de priorizar las políticas públicas que debamos de llevar a cabo”, ha reflexionado.
Santos ha insistido en que el odio “no es delito”, sino un sentimiento humano “ciertamente negativo”; y que evitar que se fomente es una “gran responsabilidad de los representantes públicos”.
“Sin menoscabo de la libertad de expresión, debemos evitar cualquier manifestación que divida a la sociedad, señale colectivos concretos como blanco de acciones que pueden ser reprochables y mucho más si son minorías o colectivos vulnerables”, ha indicado.
Por ello, “no se puede ni se debe transigir con representantes públicos que traten de obtener ventaja política de odio a personas o colectivos, generalmente débiles”, ha expuesto, a lo que ha añadido que “el conjunto de las fuerzas democráticas no debe pactar” con quien hace tal uso político del odio y el miedo, así como “denunciar su actitud y defender los derechos fundamentales con firmeza”.
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