25 aniversario
¿Cuáles fueron las consecuencias judiciales del accidente? Condenas, indultos y 1.000 millones de pesetas en indemnizaciones
El maquinista del tren y su auxiliar fueron condenados a dos años y seis meses de prisión y posteriormente fueron indultados
Publicado el 31/03/2022 a las 06:00
Tres años después del accidente, el 2 de mayo del 2000, arrancó en el Palacio de Justicia de Pamplona el juicio por el descarrilamiento del intercity Miguel de Unamuno, que había costado la vida a 18 personas y causado 115 heridos. En el banquillo de los acusados se sentaron el maquinista del tren, Juan José García Fernández, y su auxiliar, Miguel Angel Marinetto Espejo. La vista oral tuvo que celebrarse en la sala del jurado, la única con la suficiente capacidad para dar cabida a todas las partes personadas en el caso, ya que además de los dos imputados, declararon 30 testigos y diez peritos.
El fiscal reclamó para los dos maquinistas una pena de 4 años de prisión, si bien anunció que apoyaría un indulto por considerar que estos no merecían la prisión. Además, solicitó indemnizaciones que oscilaban entre 10 y 20 millones de pesetas para los familiares de las víctimas. La defensa, en cambio, requirió la libre absolución.
En el momento de iniciarse el juicio, las familias de los 18 fallecidos habían percibido 331,2 millones por indemnizaciones. En el seguro concertado entre Renfe y Mapfre, la indemnización por fallecimiento estaba estipulada en 7,8 millones. Al final, la cantidad total que se calculó que habría de abonarse por los fallecidos, heridos y otros daños rondaría los 1.000 millones, según la aseguradora.
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Ir a la noticiaCONDENA Y POSTERIOR INDULTO
El fallo de la juez sustituta del Juzgado Nº1 de lo Penal de Pamplona se conoció cuatro semanas después, el 30 de mayo, y en él condenó al conductor a dos años y medio de prisión, pero pidió a la vez su indulto para que no entrara en la cárcel. Al auxiliar sólo se le imputó una culpa leve y fue multado con 120.000 pesetas. (La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra elevó un año después la pena de este también a dos años y medio de cárcel con petición de indulto). Asimismo se estableció una inhabilitación temporal para el desempeño de su puesto.
Respecto a los hechos juzgados, la magistrada de lo Penal abordó las tres actuaciones imprudentes que, según había expuesto el fiscal, cometieron conjunta o separadamente los dos procesados. Respecto a la primera de ellas, no haberse percatado de que la señal de avanzada estaba en anuncio de precaución, lo que les obligaba a reducir la velocidad de 140 hasta 30 km/h., la juez indicó que no existía certidumbre sobre si realmente esa señal se encontraba activada o no al paso del intercity. Por ende, la juez tampoco pudo determinar culpabilidad de los maquinistas por no haber reducido la velocidad a 30 km/h al cambiar de vía en la entrada a Uharte.
Sin embargo, si vio delito en la imprudencia más grave, que fue utilizar el freno directo, que sólo actúa sobre la locomotora, en vez del de emergencia, que afecta a todos los vagones.
Tanto el maquinista como su auxiliar quedaron en libertad y las penas quedaron suspendidas hasta que se resolviera la petición de indulto, que contaba con el respaldo de juez y fiscal y el apoyo de más de 4.000 firmas de ciudadanos. El Ministerio de Justicia tardó ocho años en pronunciarse. Los dos maquinistas fueron indultados y la pena quedó rebajada a dos años para evitar su ingreso en la cárcel.
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