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Vivienda

Las nuevas viviendas protegidas ya no se podrán vender como libres en Navarra

Frente al periodo en vigor (30 años), su calificación pasará a ser indefinida

Ampliar Eduardo Buxens
Maiorga Ramírez conversa con Pablo Azcona en presencia de varios parlamentarios antes del debateEduardo Buxens
Publicado el 15/06/2022 a las 06:00
Durante las últimas tres décadas, más 29.000 viviendas protegidas se han podido vender en la Comunidad foral a precio de mercado libre. Se trata de un opción recogida con carácter general en la normativa vigente donde se establece un periodo de calificación de 30 años que dejará de serlo cuando entre en vigor la nueva ley de vivienda que entre otros muchos cambios incluirá la calificación indefinida de la vivienda protegida. La enmienda con la que NA+ apostaba por mantener la redacción vigente al entender que el periodo de vigencia de calificación es suficiente y su calificación definitiva perjudica a las rentas de personas trabajadoras que en su día accedan a una vivienda protegida fue rechazada ayer. Lo que buscamos, según justificaron los socios de Gobierno en comisión parlamentaria, es blindar el parque público de vivienda “para que las personas más vulnerables no se vean expuestas a situaciones de inseguridad jurídica y material”. En la actualidad, de las 58.000 viviendas protegidas construidas en Navarra, menos de 28.000 mantienen todavía esa calificación.
La futura norma lograba salvar al filo de las tres de la tarde del martes  el trámite de enmiendas previo a su próxima aprobación en Pleno. Y lo hizo sin apenas sobresaltos tras el tenso tiro y afloja que durante semanas han mantenido los grupos que apoyan al Gobierno, Bildu entre ellos, que a punto estuvo de fructificar en un acuerdo político a cinco (PSN, Geroa, Bildu, Podemos e I-U) que terminó quedándose en el cajón.
Tras semanas de incertidumbre, un acuerdo entre los socios de Gobierno y Bildu para sacar adelante esta norma y la de los peajes a camiones permitió reconducir las conversaciones y enterrar un manifiesto enfrentamiento en el que llegaron a lanzarse acusaciones de “chantaje”. El acuerdo permitió a los socios de gobierno, (PSN, Geroa Bai y Podemos) que habían promovido la proposición de ley a mediados del mes de enero, salvar la iniciativa incorporando a la misma la práctica totalidad de las enmiendas planteadas por EH Bildu. A excepción de dos enmiendas que retiró para sustituirlas por dos in voce que se incorporaron al debate, el resto de las que llevaban su firma recibieron el apoyo unánime de PSN y Geroa Bai. La primera enmienda in voce fue para atender una mera corrección advertida por la letrada de la Cámara. La segunda, para incluir in extremis y a instancia de constructores y promotores una salvedad para permitir rebajar los porcentajes de reserva para vivienda protegida (del 50 al 30%) en los municipios de 10.000 habitantes o más, salvo en los de la Comarca de Pamplona, en los que se demuestre que cumplir estos requisitos resulta inviable. Según se recoge en la enmienda in voce aprobada, para justificar que una actuación de urbanización es objetivamente inviable deberán haber transcurrido al menos cuatro años desde la publicación en el BON de la aprobación definitiva del Plan Municipal. Si esto ocurre, los Ayuntamientos afectados podrán solicitarlo mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del Pleno a fin de establecer el nuevo porcentaje “en base al estudio de inviabilidad realizado”.

Algunas de las medidas incluidas en la proposición

  •  Índice de Sostenibilidad de Alquileres. Es un sistema de regulación de precios de arrendamiento basado en una fórmula cuyo resultado es producto de multiplicar el valor de la vivienda (precio libre con reforma) por un coeficiente que se determinará anualmente y podrá tener un valor distinto para localidades o zonas concretas. Cuando su valor sea igual a cero, se entenderá que no es de aplicación.
  • Declaración de zona de mercado residencial tensionado. La calificación tendrá una vigencia de tres años prorrogable anualmente. Requerirá que el precio de compra o alquiler en dicho ámbito territorial haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado de al menos un 5% superior al IPC de Navarra. Y que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, incluidos los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares.
  • Priorizar el alquiler público. El Gobierno de Navarra y las entidades locales orientarán el 75% de los recursos disponibles a la promoción de vivienda en régimen de arrendamiento, dando preferencia a los colectivos más desfavorecidos. Hasta una tercera parte de esa oferta podrá incluir opción de compra.
  • Rehabilitación. Se fija una subvención equivalente al 75% del coste de las obras de rehabilitación, hasta un máximo de 60.000 euros, para adecuar inmuebles de entidades locales con vistas a su arrendamiento durante al menos los 15 años siguientes.
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