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Parlamento

Aprobadas las prestaciones de la ley de víctimas de motivación política

Impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu con el único voto en contra de Navarra Suma

Ampliar PSN Inmaculada Jurío
Intervención de la socialista Inmaculada Jurío este juevesCEDIDA
Actualizado el 23/06/2022 a las 15:02
El Pleno del Parlamento ha aprobado, con el único voto en contra de Navarra Suma, la modificación de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios público para solventar problemas relativos a la asistencia sanitaria o indemnizacioness.
La proposición de Ley impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu busca solventar los problemas de aplicación que, en lo relativo a la asistencia sanitaria y a las indemnizaciones por daños físicos, psicológicos y materiales, ocasiona la remisión a la Ley Foral de ayuda a las víctimas del terrorismo, cuestionada por el Tribunal Constitucional, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial.
Así, se pretende soslayar el riesgo que, dado el carácter complementario de estas ayudas respecto a las concedidas por la Administración General del Estado, que no compensa a las víctimas de motivación política, supondría tratar de corregir esa desigualdad por la vía reglamentaria.
Para dotar de la necesaria seguridad jurídica a la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados (de terrorismo/de motivación política), se elimina la remisión a la Ley Foral 16/2019 (retribuye el 30 % de la indemnización estatal) y se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos.
Las cantidades estipuladas a modo de resarcimiento oscilan entre los 500.000 euros en caso de gran invalidez y los 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros.
Los importes, compatibles con otros que no lo fueron por el mismo concepto, serán incrementados con una cantidad fija equivalente a 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda, para cada uno de los descendientes o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del fallecimiento o, en su caso, de la acción violenta que causó la lesión.
Por otra parte, la asistencia sanitaria y psicológica correrá a cargo del SNS-Osasunbidea y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros.
Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos.
En cuanto a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, órgano encargado de analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima de motivación política, se acuerda que las personas que lo integren tendrán derecho al devengo de dietas y gastos de locomoción o desplazamiento, siempre que no pertenezcan a la Administración Pública.
En su defensa, Inmaculada Jurío (PSN) ha recordado que aquí no se debatía hoy el contenido de la ley sino dotar de seguridad jurídica a la aprobada en 2019, a la que su grupo se abstuvo por dudas en esa constitucionalidad, hoy despejadas, por lo que hoy la apoyan para avanzar en lo que a una democracia "le hace grande", pese a la estrategia política de NA+ centrada en "hacer una oposición que haga daño al partido socialista y atribuir toda decisión del PSN a una cesión a Bildu", ha lamentado.
Jabi Arakama (Geroa Bai) ha advertido de que lo aprobado es "un paso adelante cierto y relevante en el reconocimiento y reparación, y en la reconstrucción de una memoria crítica y de respeto a los derechos humanos", dado que "la vía exclusivamente judicial lleva a un punto muerto", y ha sido muy crítico con NA+ frente a la víctimas de abusos policiales que "llevan décadas esperando justicia y sufriendo", por lo que ha pedido "no generar más dolor gratuito".
Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha apoyado la ley pese a que "no es un salto de gigante y está por ver si será una herramienta valida para los fines para os que está concebida. Pero es un paso más", ha concedido para coincidir en que esta ley "no aspira a garantizar el derecho a la justicia, no tiene nada que ver con la justicia", que, como ejemplo, considera que Mikel Zabalza "se ahogó en el río cuando huía", mientras que la CAV le ha reconocido como víctima.
Mikel Buil (Podemos) también ha lamentado que en este asunto "procedemos tarde" pero ha llegado y se pide "no solo verdad y reparación, quisiéramos justicia", y también "que haya garantías de no repetición: Que la verdad salga a la luz y la verdad prevenga".
También Marisa de Simón, de I-E, ha aplaudido como "absolutamente necesario reconocer a todas víctimas", en este caso también a las de "una etapa muy gris y oscura de la transición", por lo que con esta ley se "garantizan más los derechos democráticos y humanos".
Por el único grupo en contra de la medida, Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha justificado su rechazo porque la ley consagra diferentes criterios entre las víctimas de ETA (a las que se pide sentencia y proceso judicial para ser consideradas como tales) y las de violencia policial, de las que ha dicho no negar que existieran ni impedir su reparación, pero "el cauce para reparar a las víctimas en un estado de derecho es la administración de justicia".
"Me temo que esta ley no es otra cosa que la ley del relato" impulsada por la izquierda abertzale, que "para ganar esa batalla lo que necesitan es engrosar el numero de víctimas" y con esta ley lo consiguen.
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