Defensor del Pueblo de Navarra
Javier Enériz: "La gente quiere una solución efectiva a sus problemas"
Bienestar social, transparencia y garantía de derechos son algunas de las materias en las que más se percibe el malestar ciudadano, según el Defensor del Pueblo de Navarra Un total de 7.782 ciudadanos se dirigió el año pasado a la institución, ante la que realizaron 1.428 consultas (219 más que en 2011) y presentaron 1.298 quejas, el 62 por ciento de ellas fundadas
- EFE. PAMPLONA
El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, advirtió en el Parlamento, donde presentó el informe anual de la institución correspondiente a 2012, que la crisis acentúa la insatisfacción ciudadana en materias relacionadas con bienestar social, transparencia y garantía de derechos.
"La gente quiere una solución efectiva a sus problemas, pero también que se les permita participar en la mejora de los servicios que prestan las Administraciones Públicas", resaltó Enériz.
El informe recoge 3.022 actuaciones, 705 más que en 2011, lo que permitió hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 532 sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales (159 menos que en 2011).
Un total de 7.782 ciudadanos se dirigieron el año pasado a la institución, ante la que realizaron 1.428 consultas (219 más que en 2011) y presentaron 1.298 quejas, el 62 por ciento de ellas fundadas.
El mayor número de quejas tiene que ver con asuntos relacionados con la función pública, bien con los procedimientos de ingreso o provisión de puestos o con la gestión del personal funcionario, terreno en el que aumentan un 92%, principalmente por la decisión del Gobierno de España de suprimir la paga extraordinaria de diciembre de 2012 (414 quejas).
El segundo lugar, lo ocupan las referentes a la política social, quejas que están directamente relacionadas con la crisis económica y que en un 30 por ciento de los casos tiene que ver con la denegación o la demora en la concesión de la renta de inclusión social, así como con los nuevos criterios de concesión.
Otro 21 por ciento están vinculadas con la protección de la familia y con el retraso en la resolución y posterior denegación del pago de ayudas por excelencia laboral para el cuidado de los hijos, ante lo cual el Defensor del Pueblo ha recomendado que se amplíe el crédito de la partida presupuestaria correspondiente.
Con la protección al menor tienen que ver un 13 por ciento de las quejas, mientras que el resto se lo reparten la gestión y el pago de ayudas a la dependencia; la atención a la discapacidad; las situaciones de exclusión social o extrema necesidad; prestaciones de asistencia social; y la protección de las personas mayores.
Las quejas inherentes a educación ocupan el tercer lugar, destacando las referidas a ayudas al estudio, admisión o no admisión de alumnos en el centro de su elección, así como las relativas a la gestión de las enseñanzas universitarias.
En cuarto lugar se sitúan las quejas sobre sanidad, con un incremento significativo de las concernientes a las listas de espera, como consecuencia de la anulación de la normativa que regulaba los plazos máximos de asistencia especializada.
El desacuerdo de los pacientes con la atención clínica recibida, el rechazo al copago de prestaciones farmacéuticas y los problemas derivados de la reorganización de los servicios sanitarios son otros motivos de las quejas.
Las quejas sobre las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas ocupan el quinto lugar y tiene que ver con el incumplimiento de los plazos de informar y resolver peticiones y recursos que se formulan, además de inadecuado del trato, o el uso del euskera, en este caso sobre rotulación o edición de material sólo en castellano y la imposibilidad de utilizar el vascuence en dependencias y oficinas públicas.
El Defensor del Pueblo dictó en 2012 532 resoluciones, 27 más que el año anterior, y las administraciones aceptaron un 77,6 por ciento de las recomendaciones, ocho de cada diez casos.
Sobre las consultas, predominaron también las vinculadas con asuntos sociales, en particular con la prestación de ayudas a personas sin recursos y los plazos de concesión de la renta de inclusión social, "ante la demora en su reconocimiento o pago".
Por otra parte, recibió 46 propuestas ciudadanas de mejora, la mayoría referidas a la custodia compartida, a la función pública y a la hacienda, la mayoría dirigidas a mejorar el trato fiscal a las personas con discapacidad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
