sanidad
Enériz vería inconstitucional retirar la asistencia a parados en el extranjero
El Defensor del Pueblo cree que esta medida "discrimina a los desempleados que estén fuera de España más de 90 días"
- EUROPA PRESS. PAMPLONA
El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha solicitado a la Defensora del Pueblo que formule al Ministerio de Sanidad una recomendación para que "se derogue la normativa introducida en la Ley de Presupuestos Generales para el año 2014, en cuya virtud los españoles desempleados y sin subsidio de desempleo que estén fuera de España más de 90 días pierden el derecho a la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud".
Igualmente, Enériz reclama a la Defensora que, "alternativamente, si así lo ve oportuno, interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional".
En un comunicado, el Defensor del Pueblo de Navarra ha recordado que la disposición final décima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 exige ahora, para obtener la asistencia sanitaria pública en España, la residencia en el país a quienes se encuentren en la situación de desempleo.
De este modo, ha subrayado Enériz, "los españoles desempleados y sin subsidio de desempleo que estén fuera de España más de 90 días a lo largo del año natural, ya no se consideran con residencia habitual en España y, por lo tanto, pierden el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud".
En este sentido, ha expuesto, "estas personas, cuando vuelvan a España, deberán acreditar formalmente que residen nuevamente en España y solicitar que se les reconozca expresamente el derecho a la asistencia sanitaria pública, quedando entre tanto sin asistencia pública".
Para el Defensor del Pueblo de Navarra, esta nueva medida legislativa podría ser inconstitucional. Según ha expuesto, "una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado que las leyes de presupuestos generales del Estado solo pueden contener determinados preceptos compatibles con su función constitucional presupuestaria y económica".
"El Tribunal ha establecido que el objeto de las leyes de presupuestos generales del Estado no puede ser libremente fijado por las Cortes, sino que ha de limitarse a incluir los gastos e ingresos del sector público estatal y a ser un vehículo o instrumento de la política económica del Gobierno, pero sin que puedan contener más disposiciones que las que corresponden a esta precisa función", ha explicado Enériz.
Según ha indicado, "conforme a esta doctrina del Tribunal Constitucional, los preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que establecen las condiciones para ser titular del derecho a la asistencia sanitaria pública, no tendrían relación directa con los criterios que definen la política económica del Gobierno, pues se mueven en un ámbito bien distinto".
Estos preceptos de la ley presupuestaria, ha remarcado el Defensor del Pueblo de Navarra, "estarían regulando el contenido del derecho constitucional a la protección de la salud, en su concreción del derecho a la asistencia sanitaria pública, cuestión esta que poco o nada tiene que ver con la política económica del Gobierno en su sentido estricto".
Además, para el Defensor del Pueblo de Navarra, "las disposiciones finales cuarta y decimoprimera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 se opondrían al principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley y al deber constitucional que tienen los poderes públicos del Estado de asegurar la protección de la salud de los españoles, tanto mientras se encuentren en España, como en el extranjero en condiciones equivalentes a los españoles que residen en España".
LEGISLACIÓN POSITIVA
En esta línea, el Defensor del Pueblo de Navarra ha destacado que "la legislación positiva ha garantizado, con el fin de cumplir estos mandatos constitucionales, la igualdad de los españoles ante la ley en el derecho a la protección de la salud".
Así, ha apuntado, "la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior reconoce a los españoles residentes en el exterior el derecho a la protección a la salud en términos de igualdad con los españoles residentes en el territorio nacional y de equiparación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud".
"El criterio constitucional que ha de prevalecer en la legislación positiva es el de la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna injustificada y, menos aún, subjetiva, entre los españoles residentes en el territorio nacional y los españoles que se ven obligados a salir del territorio nacional para buscar trabajo, por razón de estudios o por otras causas justificadas, cuando además padecen en su persona la penosa lacra del desempleo", ha sostenido.
Por ello, el Defensor de Navarra ha considerado que "las modificaciones regresivas introducidas por la Ley de Presupuestos Generales podrían ser inconstitucionales en cuanto discriminan injustificadamente y en razón de una circunstancia personal, cual es su residencia en el extranjero por más o menos tiempo, a los españoles desempleados y sin subsidio de desempleo que estén fuera de España más de 90 días a lo largo del año natural, situándolos sin razón objetiva alguna de peso en peor condición respecto de los españoles desempleados y sin subsidio de desempleo que permanezcan es España y respecto de los demás españoles residentes en territorio nacional".
De este modo, "injustamente", en opinión de Enériz, "se penaliza el hecho de que españoles desempleados y sin subsidio de desempleo salgan al extranjero por auténtica necesidad, en busca de empleo, cuando la política de los poderes públicos debería ser precisamente la contraria, con el fin de atender lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución".
