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Salud

La reforma de la residencia de Baztan revela las dificultades de financiación del Gobierno para cumplir con el modelo de atención personal

El Ayuntamiento recurre al Parlamento para solicitar un convenio plurianual al Ejecutivo con el que sufragrar una obra de 10.8 millones

Ampliar El TSJN avala a Baztan en un litigio con la gestora de la residencia
Residencia de BaztanARCHIVO
Publicado el 17/05/2022 a las 16:27
La reforma integral que el Ayuntamiento de Baztan ha de acometer en la Residencia Francisco Joaquín Iriarte, con 153 plazas de mayores en Elizondo, precisa una inversión de 10.8 millones. Contempla habitaciones 83 individuales y 8 dobles para ajustarse a 99 plazas, conforme a un modelo de atención personal. Se organizaría en siete unidades de convivencia, “cada una de ellas con su propio comedor y sala de estar”. El problema es financiero. “El Ayuntamiento –tal y como ha expuesto en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales el alcalde, Joseba Otondo (EH Bildu)- no tiene capacidad suficiente de financiación cuando al año gestiona de media un presupuesto de 8 millones”.
La necesidad de la reforma “ante las limitaciones arquitectónicas” es reconocida por los grupos parlamentarios.
El alcalde, que compareció junto al titular municipal de Obras Públicas, Florentino Goñi (Baztango Ezkerra), se acogió a amparo del Parlamento para solicitar ayuda al Gobierno. Planteó un convenio plurianual de 3 millones. Sin embargo, como expuso el PSN, hay necesidades en otros centros. De ahí que su portavoz, Nuria Medina, le conminase a acudir a los fondos europeos para acometer la obra. Isabel Aranburu (Gerosa Bai) evidenció la contradicción que existe entre las necesidades de las residencias para ajustarse al modelo de atención personal, reconocido en un decreto foral, y la disponibilidad de “solo 6,7 millones de euros en los presupuestos para acogerse a ayudas que permitan acometer obras”. De las 61 existentes en Navarra, “sólo dos, la de Santa Domingo, en estella, y la del Vergel, son de titularidad del Gobierno foral”. Patricia Perales (EH Bildu) reclamó la responsabilidad del Gobierno de Navarra en la atención de las residencias.
Isabel Olave, de Navarra Suma, reprochó a EH Bildu haber aprovechado el aumento de presupuesto de la reforma, “al pasar de 3,8 a 10,8 millones”, para “justificar la creación de una empresa pública que gestione un centro con 100 personas trabajadoras”.
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