Se disparan las consultas de afectados por el cártel de los coches en Navarra

Miles de navarros que compraron un vehículo nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013 tienen la puerta abierta para reclamar a las marcas a las que adquirieron su coche. Durante ese periodo hasta 28 marcas que suponen en torno al 90% del mercado pactaron los descuentos máximos y las condiciones comerciales en la venta de sus automóviles. Una práctica delictiva, conocida como el cártel de los coches, por la que ahora se deberá indemnizar a los afectados por el sobreprecio en la operación de compra de sus automóviles. A las marcas se les acusó, en concreto, de haber intercambiado información confidencial para controlar el mercado de la distribución y la posventa, lo que iba en contra de la competencia llegándose a demostrar la existencia de un cártel de hasta 147 concesionarios españoles que fijaban precios para reducir la competencia.

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de las multas millonarias que impuso en 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las principales marcas automovilísticas por crear dicho cártel de intercambio de información ha avivado el interés de los afectados por reclamar y en las últimas semanas del año, las consultas de afectados se han disparado. Lo confirman desde la Asociación de Consumidores Irache y el Colectivo de Afectados del Cartel de Coches en Navarra (CACCN) recientemente constituido y que está siendo gestionado a través de los despachos Iribarren Artola e Iribarren Ribas. El colectivo, explican, nace con el objetivo de que los clientes puedan soportar los altos costes de un procedimiento con necesidad de abogado, procurador y perito. Para empezar a tramitar los expedientes exigen una provisión de 250€. El letrado Jorge Iribarren asegura que ya son más de 1.500 los navarros afectados que han comprobado en la herramienta puesta a disposición por el colectivo en www.cartelcochesnavarra.es que su coche está afectado y pueden reclamar.

Irache, por su parte, ya ha atendido a más de 1.000 personas que compraron sus coches entre marzo de 2006 y agosto de 2013 a marcas y concesionarios que participaron en dicho cártel. Los técnicos de la asociación han empezado a realizar reclamaciones a las empresas implicadas en cada venta para pedir el resarcimiento de los daños por el incremento del precio. Aseguran desde la asociación que el importe a devolver, aunque dependerá de la marca y la casuística, puede estar entre el 10 y el 12% del precio que se pagó por lo que en función de la compra puede ir desde los 1.500 euros a los más de 9.000. La reclamación sirve además para interrumpir el posible plazo de prescripción. Recientemente, los jueces han dado la razón a un consumidor y han obligado al concesionario implicado en el cártel a resarcirlo con 2.000€ que fue, según se determinó, lo que se encareció el precio del coche que compró, en este caso, en Cádiz.

Irache sostiene que la viabilidad de las reclamaciones es “alta y factible”. Según detalla, las sentencias del Supremo ya dan por demostrada la existencia del cártel y que sus prácticas anticompetitivas han afectado a los precios de los coches. Destaca además que “existe un precedente muy similar, el del cártel de camiones, donde la inmensa mayoría de las sentencias están siendo favorables a los compradores”. Están trabajando para ofrecer a los afectados que tomen parte en demandas conjuntas y defender sus derechos ante los tribunales. “En las demandas se reclamará el encarecimiento del precio que pagaron al comprar el coche debido a las prácticas anticompetitivas del cártel”.

Para poder trabajar con cada caso es necesario aportar la documentación de vehículo, a través de la ficha técnica y el permiso de circulación, así como documentos que justifiquen la compra, la fecha y el importe, para lo que puede ser útil el contrato de compraventa, el de financiación o incluso conseguir justificantes de pago a través, por ejemplo, de las cuentas bancarias.

Hasta 80.000 navarros podrían haber pagado un sobrecoste en la compra de su vehículo. Son los que adquirieron un vehículo de las marcas del cártel durante los ocho años en los que estuvo operativo, según el balance de matriculaciones facilitado a este periódico por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones en el que se incluyen las ventas por años completos.

Hay que recordar que mientras el cártel del coche estuvo operativo, sus integrantes compartieron en secreto información comercial esencial para la fijación de precios. Con ello provocaron el pago de un sobrecoste. Eso dio lugar en 2015 a una fuerte sanción (de aproximadamente 170 millones de euros) por parte de la CNMC a los fabricantes que lo formaron. El organismo multó a 21 fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras, por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el intercambio de información confidencial y sensible para la adopción de acuerdos para fijar condiciones comerciales. En su día los sancionados recurrieron las resoluciones de la CNMC, primero ante la Audiencia Nacional y ahora ante el Supremo. La Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo está ahora desestimando los recursos l o que ha abierto la puerta a la reclamación de indemnizaciones. De las sanciones quedó eximido el Grupo Volkswagen por facilitar información a la CNMC, evitando así el pago de cerca de 39 millones de euros, pero sus clientes también pueden ahora reclamar.

Desde el Colectivo de Afectados por el Cártel de Coches en Navarra reconocen que la mayor dificultad con la que se están encontrando está siendo recabar la documentación de todos los afectados, pues son documentos que muchas veces o no se entregaron o carecen de ellos. Entre los documentos que se deben entregar al colectivo para poder iniciar los trámites está el contrato o factura de compra, el justificante de pago bancario o contrato de financiación, el permiso de circulación y ficha técnica y el contrato de venta o documento de traspaso de tráfico. Aseguran que la gran mayoría de terceros implicados están colaborando en la entrega de dicha documentación, excepto la inmensa mayoría de concesionarios, pues, aseguran, tienen orden de las marcas de no entregar ni el contrato ni la factura de compra.

El CACCN ya ha realizado la reclamación extrajudicial a más de un centenar de afectados con la que, de momento, ya han conseguido paralizar los plazos de prescripción. El siguiente paso, si la respuesta de la marca en cuestión es desfavorable, será interponer la correspondiente demanda judicial. En su caso, como explica Jorge Iribarren, entienden que es mejor optar por demandas individuales por ser más sencillo. “En Navarra el tema de las demandas colectivas no ha funcionado bien del todo y nosotros somos partidarios de que cada cliente tenga su demanda”. En principio, en el colectivo trabajan con la idea de presentar las demandas al Juzgado de lo Mercantil. Iribarren augura que en el momento en que se empiecen a interponer demandas en masa, como ha pasado con los gastos hipotecarios o las cláusulas suelo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra podría verse obligado a hacer movimientos introduciendo refuerzos para que ese juzgado no se colapse.