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Sentencia

El TC anula el impuesto municipal por vender o heredar una vivienda

El Constitucional decide ahora suprimir el cobro del impuesto de plusvalías, incluso en el caso de que sean reales. La sentencia, pendiente de redactar, no se aplicará con carácter retroactivo

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Sede del Tribunal Constitucional.Gustavo Cuevas (Efe)
  • Clara Alba/J.M. Camarero. Madrid
Publicado el 27/10/2021 a las 07:24
El Tribunal Constitucional (TC) dio ayer un golpe casi definitivo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU), conocido popularmente como la plusvalía municipal. El Pleno del TC declaró inconstitucionales y, por lo tanto nulos, varios artículos que establecen cómo se calcula este tributo que aplican los ayuntamientos sobre el incremento del valor de los terrenos cuando se hereda, se vende o se dona un inmueble.
Este impuesto supone una buena parte de los ingresos para las arcas públicas de los ayuntamientos, unos 2.500 millones de euros anuales. Para muchos, de hecho, es una de sus principales fuentes recaudatorias, solo por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que popularmente se conoce en Navarra como la contribución urbana.
En concreto, la ponencia aprobada ayer por el tribunal -falta por redactar la sentencia definitiva- afecta a los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales a nivel estatal, que es la que fue recurrida. Navarra dispone de una ley propia que fue modificada a raíz de otros pronunciamientos previos del TC.
El TC argumenta que ese cálculo del tributo se realiza como si siempre existiese un aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, “con independencia de que haya existido ese incremento o no y de su cuantía real”. Es decir, que el sistema de cómputo no se corresponde con la realidad. El fallo, no obstante, ha despertado cierta reticencia entre algunos magistrados, y cuenta con el voto particular concurrente del presidente del TC, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
DOS SENTENCIAS PREVIAS
Aunque todos ellos ya se han pronunciado, la sentencia tardará unos días en publicarse. Y la polémica está servida porque hay ayuntamientos, como el de Madrid, que acusan al Ejecutivo de no haber hecho nada para modificar las reglas del tributo después de dos sentencias anteriores a esta en las que el Constitucional ya se pronunció en su contra. Ahora el vacío legal creado afectará a todos los casos pendientes.
Dicho tribunal ya declaró inconstitucional en 2017 la fórmula mediante la que se gravaban las operaciones inmobiliarias a pérdida para el contribuyente, que hasta entonces tenía que pagar impuestos pese a no haber registrado plusvalías. En un fallo más reciente, en 2019, también se cuestionó el cálculo del impuesto, anulando la posibilidad de que lo cobrado por el tributo fuese superior al incremento patrimonial que el contribuyente obtenía con el traspaso de una vivienda. Aquello supondría tributar por una renta inexistente, provocando un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica.
Ahora, con el nuevo fallo, se anula todo el tributo incluso cuando hay ganancias en la operación. En principio, y a la espera de conocer el texto definitivo de la sentencia, la medida se aplicaría a las operaciones firmadas a partir de la fecha de publicación. Es decir, sin carácter retroactivo.
Conscientes de la polvareda que se avecina por parte de los ayuntamientos, que dejarán de percibir esos ingresos, el Ministerio de Hacienda comunicó ayer, a las pocas horas de conocerse el fallo, que ultima “un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, pero sin concretar fechas. La idea es adaptar el tributo a lo que dicte el Constitucional. Pero para muchos esta actuación llega demasiado tarde.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se mostró prudente ayer al asegurar que “debemos esperar a conocer la exactitud de la decisión del alto tribunal”. De confirmarse la interpretación de ayer, “se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación”, dijo. La FEMP prevé ponerse en contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para buscar una solución de forma conjunta.
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