Lecciones de la fuga de empresas catalanas
Los inspectores acuden en Navarra a comprobar domicilios fiscales y hacen de detectives
Una familia catalana tiene domiciliada en Navarra una sociedad patrimonial que les sirve para gestionan su participación en una gran empresa. Y no acaban de llegar estos días, no, llevan años. El problema es que el Estado piensa que debieran tributar en Barcelona y cobrar él los impuestos en vez de Navarra y pleitea con la Hacienda foral. El caso no es un ejercicio teórico de estos días. Es un caso real. Es la última resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico, la entidad que en Navarra dirime los conflictos por la sede fiscal de las empresas.
Viene a cuento de la desbandada de empresas que han trasladado su domicilio social y fiscal fuera de Cataluña en las últimas semanas, un desastre evidente. Las empresas buscan seguridad jurídica para su actividad y una declaración unilateral de la independencia es todo lo contrario, la amenaza de sumergirse en un limbo legal de imprevisibles consecuencias. Así que, por pura protección, lo primero que han hecho es trasladar su sede social fuera. Para tranquilizar a sus clientes y a sus accionistas ante la deriva imprevisible de una República de Cataluña fuera de cualquier norma. Ese traslado de sede social es hoy un mero trámite jurídico, pero constituye, sobre todo, un grito de alarma para la sociedad catalana menos consciente de la realidad. La carga simbólica que expande este rosario de huidas no dejar resquicio a la duda. Es una debacle.
Es cierto que el traslado de sede social tiene hoy escasa repercusión fiscal. En España el impuesto de Sociedades lo cobra el Estado y no está transferido a las comunidades. Así que da igual donde se pague. Otra cosa bien distinta es el caso de la Hacienda de Navarra, que es la única, junto a las vascas, que recauda de forma autónoma e independiente su propio Impuesto de Sociedades. Si el traslado de sede fiscal se plantease entre Madrid o Pamplona, sí podría tener consecuencias prácticas para el Fisco.
Lo saben bien en la Hacienda foral, que tiene conflictos con la del Estado por ubicar aquí o allí la sede fiscal de algunas empresas. Se entiende que la sede fiscal radica en Navarra cuando aquí se centraliza la gestión administrativa y la dirección del negocio, según señala el Convenio Económico. Y a veces no es nada fácil de fijar para empresas pequeñas o patrimoniales. Por eso, en los casos de conflicto, los inspectores acuden a las sedes, comprueban consumos de agua y luz para ver cómo son los locales, si hay empleados, etc... Un trabajo detectivesco en el que terminan hablando con los porteros del inmueble como prueba de que en tal local hay actividad o no. Y, con los datos en la mano, se decide finalmente.
Porque pagan sólo en la Hacienda foral las empresas con sede fiscal en Navarra y menos de 7 millones de cifra de negocio o las que desarrollen aquí toda su actividad. El resto, las más grandes, cotizan siempre en cada lugar en proporción al volumen de las operaciones que realizan en Navarra y en el resto de España. Y en cada lado hay una norma distinta, con un impuesto que tiene un tipo general más alto en Navarra (28% frente el 25%) para las más grandes.
Por cierto, en el caso de la empresa catalana citado al comienzo, la Junta Arbitral le ha dado la razón al Estado. La sociedad debía tributar en Barcelona. Mal camino ese, de vuelta, ahora que más de 500 empresas han sacado su sede de Cataluña en pocos días.
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