Normalización de la violencia

E STOS días todos hemos podido ver en los informativos las imágenes de cómo Barcelona se convertía por unas horas en el epicentro de acciones violentas. Los actos de violencia que desde los autodenominados comités de defensa de la república proponían para intentar boicotear el Consejo de Ministros que se iba a celebrar en Barcelona, eran bloquear aeropuertos, vías férreas y autopistas, y colapsar el tráfico en todas las carreteras. Dichos actos acabaron con un total de 77 personas heridas, entre ellos 35 de ellas agentes de los Mossos d’Esquadra y algún periodista que cubría la noticia. Si analizamos el clima que desde algunos sectores se está creando en la sociedad española, veremos que esta violencia, que en muchas ocasiones tiene su origen en el intento de desestabilizar el normal desarrollo de la vida cotidiana de las personas, pretende generar un clima de tensión para dar una imagen de que los gobiernos no tienen el control de la seguridad ciudadana o peor aún, que algunos de estos actos deliberados de violencia cuentan con el beneplácito de quien está en las instituciones. Cuando vemos al presidente de Cataluña hacer un llamamiento a los grupos violentos incitándoles a “apretar” con sus actos de sabotaje, está haciendo un llamamiento a la utilización de la violencia, con las graves repercusiones que eso puede tener. La repercusión en la sociedad catalana que han tenido estos últimos actos violentos, como son los cortes de carreteras y de vías férreas, van contra el libre movimiento de las personas que se ha visto traducido en que durante unas horas quienes han tenido la capacidad de control del tránsito por calles y carreteras han sido los CDR. Una vez acabado el Consejo de Ministros en Barcelona, donde ni el Gobierno de España se ha creído la imagen de normalidad que ha querido trasladar a la sociedad española con el presidente andando por una calle cortada y rodeado de unas medidas de seguridad que nos recuerdan a otros países, lo peor han sido las declaraciones de la portavoz del gobierno catalán, culpando de los incidentes al Gobierno de España por celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona y tratándolo como un acto de provocación. Pero cuál es la trastienda de estos actos violentos. Queda muy claro que a algunos políticos instalados en la provocación continua les importa muy poco el coste económico negativo que estos actos tienen en la sociedad. Me refiero a personas que no han podido ir a sus trabajos, todos los problemas relacionados en materia logística de empresas que se han visto afectados sus suministros por los distintos cortes, los comerciantes que debido a los disturbios han perdido un día entero de ventas en unas fechas tan importantes, al coste de un despliegue policial de más de 1.500 policías, pero lo peor de todo es la inseguridad de las personas que han visto cómo su devenir diario lo marcaban una serie de personas encapuchadas. Pero no solo Cataluña sufre estos episodios de violencia con fines políticos, como hemos visto en los graves disturbios producidos por los “chalecos amarillos” en Francia. Si vamos de lo global a lo local veremos que en Navarra y en concreto en Pamplona tampoco nos libramos de las acciones violentas de unos pocos, que repercuten en el resto de la sociedad. Podemos poner como ejemplo la ocupación por la fuerza del Palacio del Marqués de Rozalejo, su desalojo y posterior realojo por parte de quienes lo ocupaban (ilegalmente claro) se convirtió en una farsa que solo ese día le costó al departamento de Interior un total de 8.589 euros. Por no hablar de cómo en la actualidad, con una clara vulneración de todas las ordenanzas municipales, se están realizando actividades fuera de todo control municipal en dicho edificio, siendo un síntoma clarísimo de que la violencia se ha instalado en ciertos sectores, con un peligroso mensaje: que si tomo algo por la fuerza y tengo una serie de personas preparadas para generar unos disturbios, cualquier acción de recuperar un bien que es de todos los navarros será una vez más el origen de disturbios dentro del casco viejo de Pamplona. Y tal y como se ha visto en Cataluña, algún iluminado saldrá a la palestra a decir que la culpa es de la Policía por que es quien genera violencia. No podemos como sociedad normalizar los actos violentos, ni mucho menos permitir que unos pocos coarten la libertad de quienes cumplen día a día con sus obligaciones con la sociedad. Son los distintos gobiernos los que tienen que proporcionar esa seguridad pública, no permitir más chantajes y coacciones de unos pocos que no dejan de ser la más mínima expresión en nuestra sociedad. Gustavo Galarreta Pérez es analista en Seguridad y Defensa.

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