El fiasco de Podemos con el "sí es sí"

Sólo hay algo peor en política que equivocarse. Es el no saber reconocerlo. Y en esa trampa ha caído claramente el Gobierno de España, en especial Podemos y la ministra Irene Montero, con la ley del “sólo sí es sí” que está causando en sus primeros días el efecto contrario al buscado (varias reducciones de penas) mientras sus responsables, en vez de dimitir, echan balones fuera. Y, en el centro, el desconcierto y la impotencia de las víctimas de casos de abusos sexuales que se revisan a la baja. Tras La Manada. Vayamos por partes. Recordemos que se trata de una ley nacida tras la primera condena por el caso de La Manada, en Pamplona, y precisamente por estimar que las penas se quedaban muy cortas en la primera sentencia, la dictada en Navarra. Derivó en esta ley, de la que ha hecho bandera el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y con ella, Podemos, aunque la ley la aprobó todo el Gobierno. También el PSOE, por supuesto. Y ahora resulta que la ley amenaza con lo opuesto a su objetivo y que incluso uno de los condenados por el caso de La Manada (que pasaron de 9 a 15 años de cárcel tras la revisión del caso en el Tribunal Supremo) va a pedir una reducción de un año acogiéndose precisamente a ella Mayor escándalo no se puede contemplar. Lo inexplicable es que no haya ido acompañado de un fulminante cese ministerial. Agujeros y torpeza. A estas alturas, si hay algo evidente son los agujeros jurídicos que derivan de la torpeza con la que se ha hecho esta ley. Una norma dirigida desde la bancada de Podemos, que puso todo el empeño en centrar en el consentimiento o no de la mujer la nueva norma legal. Eso les llevó a unificar dos delitos del Código Penal (agresión y delito sexual) y a tener que retocar toda la horquilla de penas posibles. Por ello, pueden haber caído las penas máximas o mínimas a las que se enfrentan los reos condenados. Y con el principio de que se aplican las que benefician al penado, algunos tribunales ya están aceptando las revisiones a la baja de condenas que ya estaban dictadas. Es el caso de la Audiencia Provincial de Madrid. Es cierto que otros (como el Tribunal Superior de La Rioja) no lo están entendiendo así. Por eso tendrán que ser los magistrados de la Sala Penal del Supremo los que unifiquen la doctrina en el plazo más breve posible. Pero el mal ya está hecho. Algunos condenados han sido excarcelados y una docena ya tiene revisada la condena a la baja. Y eso genera una lógica alarma social. Porque una ley que, según Podemos, buscaba dar mayor seguridad a las mujeres se ha convertido en pocos días en un boomerang que se vuelve contra sus creadores. Arrogancia política. Lo peor, en cualquier caso, es su falta de autocrítica. Sus impulsores, encabezados por la ministra, en vez de reconocer el error, se han lanzado en tromba a buscar culpables fuera y han acusado a los jueces de “machistas” entre otras lindezas impresentables. El Consejo del Poder Judicial ha tenido que salir en defensa de su independencia. Y es que, para colmo, no podrá decir el Ministerio que no se le advirtió de lo que podía pasar. El propio Consejo, en su informe sobre la ley, señalaba esta posibilidad. Buena parte del feminismo clásico lo dijo en su larga tramitación. Hasta el PP en el debate parlamentario dejo dicho el riesgo que se corría. Sólo desde la arrogancia se puede desviar el tiro de la responsabilidad de una ley mal hecha hacia los jueces que la aplican. Efectos indeseados. Habría que recordar que esta no es la única ley que estos días está sometida al escrutinio político y jurídico rodeada de graves dudas. Tenemos otros dos cambios en marcha del Código Penal, en ambos con una pura motivación política. Se trata de eliminar la sedición y de rebajar la malversación, justo los delitos por los que fueron condenados los líderes independistas catalanes cuyo apoyo necesita hoy el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, además, al comenzar a hablar de la malversación ya se ha desvelado que el cambio puede tener efectos colaterales con presos por corrupción (desde Griñán a la Gurtel) por razones parecidas a la ley del “sólo sí es sí”. Una realidad que puede estar haciendo echar el freno al cambio en estos momentos a algunos socios de Sánchez. Es evidente que usar el Derecho con fines partidistas, y además dejando al margen los criterios de técnica jurídica, sólo debilita al Estado y encima provoca chapuzas y efectos indeseados No todo vale.

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