La compra y venta de votos ensombrece el final de campaña

La trama de compra y venta de votos desmantelada en Melilla, la investigación en curso en Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia) sobre sendos intentos análogos por parte de candidatos del PSOE y las denuncias que circulan sobre supuestas presiones y sobornos con el foco puesto en el PP y marcas locales han ensombrecido el final de la campaña del 28-M. Son hechos que en ningún caso cuestionan el proceso electoral ni las normas y procedimientos que aseguran su limpieza, pero invitan a perfeccionarlos en aquellos aspectos que dejen resquicios al fraude. De entrada, trasladando a la ley la resolución de la Junta Electoral para que en las oficinas de Correos sea requerida la presentación del DNI en el momento de ejercer ese derecho por vía postal. Comprar y vender votos constituye un delito que vulnera y desacredita gravemente los fundamentos de la democracia. Además, quienes así actúan tratan de aprovecharse del estado de necesidad de personas en serias dificultades, lo que incrementa la bajeza de su proceder, que puede afectar sobre todo a localidades pequeñas en las que los perpetradores del fraude conocen a casi todas las personas de un censo limitado y es suficiente que unas cuantas se hagan partícipes del ilícito para condicionar la composición del ayuntamiento correspondiente. El daño que tales prácticas hacen a la credibilidad del proceso electoral y a la legitimidad de las instituciones debió ser reparado estos últimos días con mayor sentido de Estado por parte de las formaciones que concurren a las urnas el domingo. Aunque es de esperar que enmienden su indolencia de manera inequívoca con una llamada unánime a la participación, mientras condenan sin ambages los escandalosos hechos que han trascendido a la opinión pública. No basta con invocar la presunción de inocencia de las personas detenidas o bajo investigación. Es imprescindible que en el momento del recuento del 28-M no quede rastro alguno de sospecha en ninguna localidad de España.