"Cierre abrupto de la actividad legislativa"
"Ante la neutralización constitucional de las Cortes, el Gobierno de Sánchez debería abstenerse de aprobar decretos-ley para beneficio electoral"
La disolución del Congreso y del Senado emanados de los comicios de 2019 devuelve a los ciudadanos la potestad de elegir a sus representantes parlamentarios el próximo 23 de julio, sin que las Cámaras puedan ejercer mientras tanto su actividad legislativa y la de control sobre el Gobierno. Ello cuando este último mantiene sus atribuciones ejecutivas. La suspensión de la actividad parlamentaria deja en nada las iniciativas que estaban en trámite hasta el lunes. Son 62 proyectos y proposiciones de ley que no llegarán a término. Muchos de ellos reflejaban en su dilación las divisiones que atraviesa la coalición de Gobierno. Ley de familias, la de secretos oficiales, la de seguridad nacional, sobre el sistema de pensiones, la despenalización de las injurias a la Corona, la referida a la dependencia, la proposición sobre salud mental o la tan esperada respecto a la ELA, junto a la trasposición de directivas de la Unión Europea. Todas esas iniciativas pasarán a formar parte de las promesas y anuncios que los grupos del bloque de investidura presenten ante el 23-J, también para diferenciarse entre ellos. Cuando muchas de las materias referidas requerirían el máximo consenso parlamentario en la próxima legislatura. Ante la neutralización constitucional de las Cortes, el Gobierno podría seguir aprobando decretos-ley. Aunque es de esperar que Pedro Sánchez no recurra a los siete Consejos de Ministros ordinarios que restan en la legislatura, o a otros extraordinarios, para hacerse valer. Exceptuando aquellas situaciones de interés común que lo requieran con verdadera urgencia. Lo ocurrido en estos comicios, donde sus anuncios de distintas medidas regadas de millones de euros no han tenido impacto alguno para sus siglas debería servirle para hacer una autocrítica que hasta el momento no se le adivina. La contención que debería extenderse también a las comparecencias públicas de ministras y ministros en el desempeño de sus funciones, porque es necesario y obligado reestablecer la divisoria entre la institución y el partido.