"La vertiente penal de la ley del ‘sólo sí es sí’ se ha demostrado tal dislate que resulta escandaloso cómo sus promotores eluden responsabilidades"

La resolución de la Sala de lo Penal del Supremo que avala las rebajas de penas aplicadas por distintas audiencias provinciales a condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’ no puede sorprender a nadie. El Alto Tribunal entiende que no cabe aplicar la disposición transitoria primera del Código Penal de 1995 que limitaría la reducción a determinados casos, en contra de lo que defendía la Fiscalía, porque tras subsumirse los delitos bajo la tipología de la agresión acabaría con el precepto de que cada reforma legal ha de interpretarse de la manera más favorable a la persona condenada. Fue un despropósito que el Ministerio de Igualdad, y Podemos en tanto que partido de gobierno, se enrocase en la defensa de la literalidad de su iniciativa convirtiéndola en motivo de disputa dentro de la coalición bajo la afirmación inicial de que las indeseables consecuencias anunciadas por expertos juristas no se producirían y, a la vista de su clamoroso error de percepción, la conclusión ulterior de que obedecían a la intencionalidad aviesa de una Judicatura machista. La intervención de última hora de la Fiscalía General, proponiendo una salida salomónica para el dislate, contribuyó a rebajar la tensión entre los socialistas -que han reformado la norma con el apoyo del PP- y los morados en el seno del Gobierno. La vertiente penal de la ley de Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez, que Sánchez acabó asumiendo para asegurarse la paz en el Consejo de Ministros y por considerar sus riesgos un problema menor, continúa agraviando a las víctimas. Sobre todo, porque sus promotoras insisten en eludir responsabilidades y siguen revolviéndose frente a quien las contraríe. Hasta el 1 de mayo se habían dictado 1.079 rebajas de pena. Claro que el olvido político al que el presidente ha recurrido tras el 28-M respecto a todos sus aliados de los últimos cinco años, y el distanciamiento que Yolanda Díaz ha establecido respecto a Montero y Belarra presentan el caso como un accidente fortuito del que nadie está dispuesto a hacerse cargo.